La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Edwin Palma, exministro de Minas y Energía y antiguo agente interventor de Air-e, por presuntas irregularidades durante la administración estatal de la empresa.
El proceso también involucra a otros funcionarios que participaron en la intervención de la compañía entre 2024 y 2026. El organismo de control busca determinar si existieron omisiones e incumplimientos en el manejo de la empresa y establecer la responsabilidad individual de cada funcionario.
⚠️ La investigación pone bajo la lupa decisiones relacionadas con contratación, manejo de recursos públicos, cuentas catalogadas como reservadas y compras de equipos eléctricos.
Entre los cuestionamientos aparecen operaciones financieras cuya trazabilidad habría sido limitada y compras de transformadores que, según investigaciones periodísticas, se habrían realizado con precios superiores a los del mercado.
📊 La Procuraduría también señaló presuntas deficiencias en reportes regulatorios, incumplimientos relacionados con recursos de alumbrado público y la ausencia de un plan estructural para enfrentar la crisis financiera de Air-e.
Uno de los datos más preocupantes está relacionado con el crecimiento de la deuda pospago de la empresa, que pasó de aproximadamente $833.000 millones en febrero de 2025 a $2,23 billones en diciembre del mismo año.
🔎 Sin embargo, es importante aclarar que la apertura de la investigación no significa que Palma ni los demás funcionarios sean responsables de las presuntas irregularidades. La Procuraduría apenas inicia el proceso para determinar qué ocurrió y si hubo faltas disciplinarias.
El caso representa un nuevo capítulo en los cuestionamientos alrededor de la intervención de Air-e y pone nuevamente en debate qué ocurrió con los recursos públicos destinados a intentar rescatar a la empresa energética de la Costa Caribe.
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