El pasado 1 de septiembre de 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro radicó en el Congreso una nueva reforma tributaria que incluye una propuesta significativa: gravar las actividades económicas de las iglesias que no estén directamente relacionadas con el culto. Según el Ministerio de Hacienda, esta medida busca garantizar un tratamiento fiscal equitativo, sin afectar la libertad religiosa ni las actividades litúrgicas, que seguirán exentas de impuestos.
El proyecto establece que las iglesias o confesiones religiosas que obtengan ingresos provenientes del desarrollo de actividades mercantiles deberán tributar bajo el régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios. Entre las actividades que se consideran mercantiles se encuentran el alquiler de inmuebles comerciales, la operación de colegios privados, la venta de productos, servicios empresariales y producciones audiovisuales monetizadas .
Esta propuesta ha generado debate en el Congreso. La senadora Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), vocera de diversos sectores religiosos, expresó su desacuerdo, argumentando que la medida desconoce la naturaleza no mercantil de las iglesias y su aporte social a la comunidad .
El gobierno busca con esta reforma recaudar $26,3 billones, que son clave en su proyecto del presupuesto de 2026. Se espera que el Congreso discuta y decida sobre esta propuesta en las próximas semanas.

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