El presidente Gustavo Petro lanzó una severa crítica contra gobiernos anteriores por lo que calificó como una manipulación de los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Aseguró que estos, lejos de servir al interés público, fueron usados para beneficio de narcotraficantes y aliados políticos. Además, reafirmó el propósito de su Gobierno de que dichos activos lleguen a campesinos, universidades y organizaciones sociales.
1. Acusación directa al gobierno de Duque
Petro afirmó que durante el mandato de Iván Duque se devolvieron bienes incautados —extintos de dominio— a criminales. Uno de los casos emblemáticos fue el del narcotraficante conocido como “El Hacker” (Carlos Escobar), quien, según Petro, llegó a residir en una propiedad perteneciente a la SAE.
2. Reorientación de los bienes hacia lo social
En contraste, el presidente se comprometió a que esos recursos sean usados para reparar al pueblo. En ese sentido, anunció la entrega de bienes a comunidades campesinas, a instituciones educativas y organizaciones sociales, revirtiendo lo que llamó una “SAE paralela” al servicio del narcotráfico.
3. Transparencia y recuperación activa
Durante la presente administración, se han recuperado bienes vinculados a actos de corrupción en departamentos como Norte de Santander y Bogotá, con un valor superior a los 3.400 millones de pesos, que ahora están bajo administración de la SAE.
Resumen de los puntos clave
Tema Detalles clave
Acusación a Duque Devolución de bienes incautados a narcos, incluyendo caso "El Hacker".
Política de Petro Bienes para campesinos, universidades y asociaciones sociales.
Recuperación activa Incautados valorados en más de $3.400 millones ya gestionados por la SAE.
Orientación institucional Enfasis en uso social y reparación a través de la administración de bienes.
Conclusión
El presidente Petro no solo denunció un uso indebido del patrimonio público por parte de administraciones anteriores, sino que también inició una transformación institucional: convertir a la SAE en una herramienta estratégica de justicia social. Su objetivo es claro: que los bienes de origen ilícito beneficien a quienes históricamente han sido excluidos del desarrollo y la restitución.
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